Concesiones Viales en Guayas: “No hemos suscrito un nuevo contrato, lo que hemos puesto es orden al contrato existente desde 1998”, aclaró la prefecta Marcela Aguiñaga

En agenda de medios, Aguiñaga defendió la soberanía de Guayas frente al centralismo, 

destacando que: “Somos el centro logístico del Ecuador, que tiene el 40% de la carga 

pesada del país y las mejores vías del Ecuador”

Tras años de un modelo de concesiones que no rendía cuentas, hoy se marca un antes y un después con 

una renegociación histórica que impulsa la sostenibilidad de la red vial, asegura inversiones y protege los 

recursos de los guayasenses. Durante una entrevista en Ecuavisa, la prefecta Marcela Aguiñaga, explicó 

que el proceso responde a un análisis técnico y financiero que busca garantizar que las vías de la provincia 

continúen recibiendo mantenimiento, mejoras e inversión. “No hemos suscrito un nuevo contrato, lo que 

hemos puesto es orden al contrato existente desde 1998. No somos una provincia menor, somos el centro 

logístico del Ecuador, que tiene el 40% de la carga pesada del país y las mejores vías del Ecuador”, aclaró.

La autoridad provincial informó que durante más de una década no se realizó el ajuste financiero del 

contrato y se acumularon 12 años de compensación, dando un valor total de $940 millones. Eso generó 

una deuda creciente dentro del modelo concesionado que, actualmente, a través de su gestión, se logró 

reducir a: $516 millones, el valor más bajo posible dentro del contrato. Firmar en 2025 evitó que la deuda 

siga creciendo; si se esperaba que transcurra este año, habría subido $83 millones más. “Le hemos 

ahorrado a la provincia $172 millones”, agregó.

Otro punto importante que puso en evidencia la ejecutiva guayasense, fue que la Prefectura solamente 

recibía ingresos por 2 peajes cuando existen 11 estaciones en toda la provincia. “Hoy, a partir de esta 

negociación, estos recursos se inyectan a pagar esa deuda, que está acumulada por muchísimos años y 

que la hemos prorrogado a 50 años”. En cuanto al anuncio de auditar esta negociación de parte del 

Ministerio de Infraestructura y Transporte, Aguiñaga detalló que, en agosto del 2024, se le notificó a la

Contraloría General del Estado, que se le daría cumplimiento a su recomendación y en diciembre 2025,

se informó que la negociación había terminado y había un nuevo REEF (Reajuste del Equilibrio Económico-

Financiero). “Este ha sido el proceso con mayor intervención institucional en la historia de esta concesión. 

Incluso: participó el delegado del Ministerio, hubo mesas técnicas, se revisaron modelos aplicados en 

concesiones nacionales. La decisión fue aprobada en una sesión pública del Consejo Provincial. Con voto 

unánime de todos los consejeros”, puntualizó.

Otra ventaja de esta negociación, ha sido conseguir inversión nueva. En este caso, Aguiñaga resaltó que 

son $111 millones que se traducen en más obras: “capital fresco para ampliar vías nuevas o terminar 

corredores; tengan cámaras de IA, Patrullas de Camino y Puntos de Control. Eso es negociar de forma 

inteligente a favor de los guayasenses". Entre los proyectos por ejecutarse, constan trabajos viales en 

Durán-Jujan, Naranjal-Churute, Guayaquil-El Empalme y los tramos de mayor riesgo y siniestralidad. Esto 

incluye: alumbrado público en todo el eje vial de la provincia, especialmente en zonas consideradas de 

alto riesgo; cámaras de seguridad con IA, como se hizo en el tramo de Churute-Naranjal, sumando 

intervenciones en Guayaquil-El Empalme y El Triunfo-Bucay. Además, se contempla la modernización y 

ampliación de peajes, con bahías de descanso, puntos de control y seguridad. "En la provincia del Guayas, 

nuestras vías no le cuestan al Gobierno Central. El Gobierno Central no pone un dólar, lo ponen los 

guayasenses y los que transitan por unas vías de calidad” 

Finalmente, con respecto al Quinto Puente, Aguiñaga denunció la falta de claridad y los retrasos en 

recursos y viabilidades técnicas que han afectado la ejecución de las vías de acceso en los tramos 4 y 5. 

Criticó que las decisiones se tomen de espaldas a la realidad local, calificándolo como una manifestación 

de centralismo que frena el desarrollo.