NOVACERO LANZA LA MAESTRÍA EN NEGOCIOS DEL ACERO: UN NUEVO ESPACIO DE CAPACITACIÓN PARA SUS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE ACERO Y MICROEMPRESARIOS DEL RECICLAJE QUE APOYA EL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS

INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES REALIZA APORTES AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, ANTE LA COMISIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA

El representante de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, ASETEL, Jorge Cevallos, compareció ante la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que analiza el Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, para exponer la situación actual de las compañías y observar que a través de este proyecto se intenta incrementar una nueva carga tributaria, similar por no decir idéntica a la Contribución Única y Temporal, aprobada a fines de 2019, y sobre la cual se viene aportando y continuará haciéndose hasta 2021.

El representante de ASETEL explicó que el sector de Telecomunicaciones contribuye con alrededor del 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el aporte fiscal del sector fue de 635 millones en 2018 (sin considerar cargas regulatorias y otros pagos al Estado), que equivale alrededor del 5% de la recaudación total del Ecuador. 

Señaló que más del 40% de los ingresos anuales de las empresas son destinadas a pagos tributarios y regulatorios establecidas por Ley, recaudados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL),  tales como: servicio universal, pagos variables por derechos de concesión, uso de espectro radioeléctrico y concentración de mercado, entre otros; recaudación que va directamente al Presupuesto General del Estado. 

Cevallos argumentó que, desde la vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en 2015, instrumento central de la política eminentemente recaudatoria aplicada para el sector, la industria ha venido contrayéndose agobiada por pagos y cargas excesivas, así como por un entorno caracterizado por la sobreregulación, la reportería sin fin, poca seguridad jurídica y nula predictibilidad normativa. El robusto crecimiento que venía presentando la industria hasta 2015 se ha venido reduciendo, llegando incluso a presentar tasas negativas. 

Adicionalmente las empresas han venido enfrentando una reducción de ingresos por la entrada de nuevos servicios, muchos de ellos ofrecidos de forma gratuita como las aplicaciones de mensajería o llamadas que funcionan sobre las mismas redes de las operadoras, aumentando la demanda de datos de los usuarios al tiempo que se extinguen fuentes tradicionales de ingresos. El incremento en la demanda de servicios implica un aumento en los requerimientos de inversión, agravando la situación financiera de las empresas de telecomunicaciones. 

Ingresos decrecientes, necesidades de inversión crecientes, poco control de la piratería, incertidumbre normativa y altas cargas tributarias y regulatorias (también crecientes) configuran un panorama complejo para el fomento de la inversión y el desarrollo de infraestructura que el país requiere. Esta fórmula perjudica a todos, pero sobre todos a aquellos que no tienen ningún tipo de acceso a conectividad, por lo que urge cambiar el enfoque de política pública de uno recaudatorio a uno que fomente la inversión, el despliegue de infraestructura y la conectividad de absolutamente todos los ecuatorianos. 

Además, Jorge Cevallos destacó la adecuada reacción de las empresas del sector, las que a partir de la declaratoria de emergencia, han redoblado responsablemente su trabajo, apoyando desinteresadamente más que nunca al país, mediante medidas voluntarias como la mejora en la oferta de los servicios contratados sin costo adicional al cliente (más megas, más minutos, mayores velocidades de acceso a internet y canales; han fomentado alianzas público - privadas, para proveer aplicaciones sin costo a los ciudadanos, a fin de que puedan continuar laborando mediante la modalidad de teletrabajo y los estudiantes puedan seguir aprendiendo en entornos virtuales, garantizando su seguridad y salud; han incluido contenido educativo en su parrilla de programación y difundido campañas de salud pública por la señal de las operadoras, así como aportado decididamente a distintas iniciativas ciudadanas, para llegar con alimentos, medicinas e instrumental médicos; de igual manera, han generado y puesto a disposición de las autoridades herramientas tecnológicas de investigación, para la detección y seguimiento del virus, entre otros.

También, indicó que, en el caso de los servicios de telefonía, fija, internet y telefonía móvil, las empresas no han cortado el servicio por falta de pago. Las compañías de telecomunicaciones mantienen las plazas de trabajo directas e indirectas como factor determinante en este momento de crisis. Sin embargo, la prohibición de corte de servicios aprobada y difundida por el Gobierno ha empeorado el problema de liquidez de las empresas en estos momentos, ya que varios usuarios que estaban pagando y seguirían pagando por los servicios contratados y utilizados lo han dejado de hacer. A pesar de esto, todas las solicitudes presentadas a las autoridades de diferimiento de pagos al Estado no han tenido acogida y han sido negadas.

Para finalizar su intervención, hizo un llamado a los asambleístas a revisar el proyecto que afecta no sólo al sector de telecomunicaciones, sino a todo el aparato productivo que debe reactivarse, lo que va a ser aún más difícil en caso de aprobarse nuevas cargas fiscales como las establecidas en el artículo 4 del proyecto. Cevallos solicitó expresamente que la Asamblea Nacional elimine ese artículo, acotando que las empresas todavía continúan pagando la Contribución Única y Temporal de 2019 y que continuarán haciéndolo hasta 2021. Argumentó que esta carga sería una determinación tributaria retroactiva que afectará a las utilidades de las empresas, al desenvolvimiento de la industria al momento de generar nuevas inversiones, mantener plazas de empleo entre otras. 

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